Nueva Ley promueve la inclusión laboral de las personas con discapacidad
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El Salvador ahora cuenta con una ley acorde a la norma internacional que legitima el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones y en un entorno laboral inclusivo.
El 1º de enero de 2021 entró en vigencia la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad en El Salvador, que armoniza con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad promulgada por las Naciones Unidas y que se aplica desde mayo de 2008.
Durante 7 años, organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, con el acompañamiento de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, incidieron en la formulación y aprobación de la nueva ley, que tiene como objetivo reconocer, proteger y garantizar el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.
En materia laboral se contemplan cambios importantes, comenzando con la implementación de incentivos laborales para promover las oportunidades de empleo y el aumento de la cuota de nómina obligatoria, que pasó de uno por cada 25 trabajadores a uno por cada 20.
Esto se enlaza con la creación de un Tribunal Sancionador, que establecerá multas sustanciales para quienes no la cumplan, antes con la Ley de Equiparación de Oportunidades (año 2000) era de US$ 57.14 y ahora oscila entre 7 y 9 salarios, superando los US$ 2,000 (el salario mínimo mensual es de US$ 304).
La Red de Sobrevivientes destaca que la ley fortalecerá elementos claves para la inclusión laboral, como la estabilidad de las personas con discapacidad, la promoción de competencias, la accesibilidad y ajustes razonables en el espacio de trabajo, formación técnica, profesional o vocacional, así como la sensibilización y toma de conciencia para una efectiva inclusión.
La Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad, elaborada por el Gobierno de El Salvador en 2015, contabiliza 410,798 personas con algún tipo de discapacidad, un estimado de 6.4% de la población total, quienes ahora gozan de un instrumento jurídico para la defensa de sus derechos humanos.
