Contratar personas con discapacidad es más que un buen negocio; es una cuestión de derechos

29 Oct 2019

La Red Peruana de Empresas y Discapacidad, OIT y el gobierno peruano conversan sobre las ventajas de contratar personas con discapacidad y reconocen que no es asunto de responsabilidad social o asistencialismo, sino de derechos y justicia social.

“Es una victoria para la empresa, en términos de productividad; pero, sobre todo, es una victoria para las personas con discapacidad y el conjunto de la sociedad, en términos de acceso a derechos, justicia social y equidad”, aseguró Roberto Villamil, especialista de la Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP) de la OIT , durante la última reunión de la Red de Empresas y Discapacidad de Perú.

En el país, cerca de un millón de personas con discapacidad está en edad de trabajar. Pero el escenario para estas personas es todavía sombrío: la tasa de desempleo entre ellas triplica la del total de la población.

En el Perú, las empresas que avanzan en este camino, comprometidas con lograr que el trabajo decente y productivo para las personas con discapacidades se convierta en una realidad, forman parte de la Red Peruana de Empresas y Discapacidad, que ha contado con la asistencia técnica de OIT desde su creación.

En Perú, la OIT promueve políticas de inclusión de la discapacidad en el lugar de trabajo a través del Programa Conjunto sobre Empleo y Discapacidad, una iniciativa del Sistema de Naciones Unidas , en la que participan también el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (UNESCO).
El Sistema de Naciones Unidas y el Estado peruano implementan el Programa Conjunto en los distritos de Lince, Miraflores, San Juan de Miraflores, San Martín de Porres y Villa El Salvador.

El Programa está fortaleciendo la capacidad de estas municipalidades para promover el empleo de las personas con discapacidad en su distrito, a través de un modelo de gestión que permita estrechar la relación entre los gobiernos locales, las empresas que buscan contratar personas con discapacidad y los demandantes de empleo.